Dice el artículo 1 de la Constitución italiana que “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”. Así, toda la construcción del orden público y el desarrollo social debe tener presente tan hermoso precepto; de forma que el conjunto de derechos laborales en su ámbito tanto individual como colectivo forman parte de la razón de ser del desarrollo constitucional y el sentido mismo del Estado.
El 9 de octubre en el desarrollo de una manifestación “negacionista” en Roma auspiciada por la extrema derecha y en protesta por las medidas de protección contra el COVID por parte del gobierno italiano, escuadrones neofascistas asaltaron y devastaron la sede del principal sindicato italiano, la CGIL (Confederazione Italiana Generale del Lavoro).
Si hace unos meses nos quedábamos sin aliento por el ataque “trumpista” al Capitolio en los Estados Unidos de América, no debemos pasar por alto que lo sucedido en Roma forma parte de la misma acción neofascista contra la base de nuestras sociedades democráticas.
Estos sistemas democráticos en la Europa Occidental, como el caso italiano, se construyeron en la postguerra tras el acuerdo tácito capital – trabajo. Así, los derechos colectivos como la libertad sindical se constitucionalizan como elementos esenciales de la convivencia social. Y es por eso que un asalto a la sede de la representación de los trabajadores italianos –más allá de la salvajada en sí mismo- es tan grave como un ataque que se produjera a la sede de la soberanía nacional.
Cuando eso se produce, es que estamos en un nivel tal de degradación democrática como para lanzar todas las alertas, y denunciar profundamente los intentos de normalización y blanqueamiento de la extrema derecha por parte de demasiados actores en nuestro entorno político, económico y social.
En defensa de la democracia, en solidaridad con la CGIL, “antifascisti sempre”.