¿Es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un referente de la izquierda española, como algunos señalan? Veámoslo en clave laboral; basándonos en un análisis de los acontecimientos de orden económico y laboral.
Vaya por delante, que no tenemos intención de entrar a valorar el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias, entre otras cosas. Hay medios generalistas para ello.
Pero más allá la presunción de inocencia, y de las hipotéticas correlaciones político-judiciales, lo que sí tenemos muy claro es que la tarea que sistemáticamente vienen desempeñando casi todos los ex mandatarios de los países de nuestro entorno es muy cuestionable, diríamos… que indecente. Y es que no solo se trata de surfear por la delgada línea que separa el “tráfico de influencias” del “lobbismo”, es que “negamos la mayor”: el “lobbismo mismo”. ¡Pues claro que debe haber vida después del gobierno! Pero ésta no puede estar basada en monetizar sus contactos, sus influencias, sus agendas. Ni la tarea de un aparentemente inocente “asesoramiento” nos parece legítima en una radicalidad democrática. Conceptualmente no dista mucho de las podridas “puertas giratorias” de otros ex presidentes, principalmente en poderosas empresas energéticas.
El poder político tiene –o debería tener- esas cosas: la erótica del poder, por una parte, pero también sus propias ataduras. Que para eso está la pensión vitalicia y/o el puesto permanente en el Consejo de Estado. ¿O no firmaría usted los casi 100.000 € anuales, más coche oficial, despacho, asesores…?
Pero vayamos a lo nuestro; en clave laboral. Con lo que está sucediendo en relación al expresidente Rodríguez Zapatero, hay quienes se apuntan a la tesis de la caída de algo así como “un referente de la izquierda española”. No es que nos sorprenda la facilidad de las etiquetas, teniendo en cuenta el bajo nivel de cultura política general y la ausencia de matices. El excesivo trazo grueso; los bloques porque sí, partiendo del bipartidismo tradicional neoliberal. Pero, por eso mismo, creemos oportuna esta aportación, basándonos en argumentaciones de carácter soecioeconómico y laboral, que a la postre es el objeto de este espacio de reflexión.
¿Es Rodríguez Zapatero de izquierdas porque él lo diga?, ¿porque haya sido presidente del gobierno desde el Partido Socialista Obrero Español? Habría que preguntarse dónde pasaríamos la prueba del algodón de los planteamientos de la izquierda. Permítanme la simpleza. Pues, “en las cosas de comer”; en la trazabilidad económica y laboral de cada uno; por sus hechos los conoceréis.
La “infraestructura” (lo económico) que condiciona y determina la superestructura (lo cultural, lo organizativo, jurídico, etc). ¿Estas preguntas retóricas podrían señalar que es, o ha sido lo mismo, el PSOE que el PP en sus respectivos gobiernos en España? ¡Yo no diría tanto, pero casi! Diferenciando lo económico-laboral de lo social-cultural. Aunque si usted se apunta al axioma “infraestructura-superestructura”, puede tener una clara respuesta.
Analicemos brevemente el legado Zapatero, centrándonos en el mundo de las relaciones laborales, y en su contexto histórico-económico. Pues, si hacemos un pequeño repaso de las diferentes reformas laborales acaecidas en España desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 hasta nuestros días, vamos a comprobar cómo todas, absolutamente todas las modificaciones de nuestra legislación laboral (elemento clave en la distribución del poder capital-trabajo) fueron en una línea liberalizadora, desreguladora, de aumento del poder de dirección de la empresa y disminución del carácter protector del derecho del trabajo. Y ello con independencia del partido en el gobierno, de sus mayorías absolutas o simples; en estos últimos casos con apoyo de las derechas nacionalistas catalana o vasca.
Ya tuvimos ocasión de analizar cómo en el primer gobierno de coalición de nuestra historia democrática en la legislatura 2019-23 se produce por primera vez un proceso de reversión de dicha tendencia desreguladora y una recuperación significativa de “la centralidad del derecho del trabajo en nuestro sistema de relaciones laborales”. ¡Y con diálogo social!
Dicho esto, ¿cómo podríamos resumir las dos legislaturas de Zapatero que van desde marzo de 2004 hasta noviembre de 2011? Por buscar explicaciones a riesgo de caer en el reduccionismo, podemos decir que se asemejaría a lo que en otras latitudes conocen como propio de la “democracia cristiana”: liberales en lo económico, pero con “un puntito” de humanismo. Es decir, que se puede defender el desarrollo de los derechos civiles, con políticas de igualdad de derechos, pero sin apartarse ni un ápice de un modelo económico explotador y sin cuestionar ninguna estructura del poder económico; en cierto modo, y si es que eso es posible… progresista en lo social y conservador en lo económico. Pero no pretendemos quedarnos en el titular o las etiquetas.
Analicemos los hechos.
Reconozcamos un mérito: el clamor social de cara al matrimonio igualitario, y el inicio de un camino que sitúa a España en la vanguardia a nivel mundial en el reconocimiento de los derechos civiles. Algo que parecía impensable en un país con profundas raíces católicas. Y el fin de ETA… que solo eso merecería toda una legislatura por sí sola. Le tocó a él, y –reconozcámoslo- supo articularlo. También podríamos poner en su haber la Ley de Dependencia en 2006, y la Ley de Igualdad de 2007.
Pero vayamos al análisis desde el materialismo histórico, donde las condiciones materiales y la producción económica determina la estructura social, la política y la ideología. Así, recordemos una de las principales soflamas de Rodríguez Zapatero en 2007: “España está en la Champions League de las economías del mundo; es la que más partidos gana”. Pretendía vanagloriarse así de la acción gubernamental, sin que debamos obviar que, de su predecesor José María Aznar, se había heredado una enorme burbuja inmobiliaria que no solo no quiso pinchar, ni tan siquiera con una demolición controlada, sino que se encontraba bastante cómodo con ello.
Eran años en los que el aumento del PIB estaba entre el 3% y el 4%. Hasta que la burbuja estalló en su cara (0,8% en 2008 y -3,8% en 2009), salpicándonos a todos. No encontré nunca mejor explicación de lo sucedido que en el “Españistán” de Aleix Saló. Véanlo, que no tiene desperdicio.
Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)
En el inicio del mandato de Zapatero encontraremos a uno de sus más cruentos legados: el IPREM. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples fue un invento –que sigue vigente- y se puso en marcha para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional en el cálculo de umbrales de rentas de cara a ayudas sociales, becas y subsidios. Lo que se dice, un gran eufemismo de los recortes, de la limitación del gasto en prestaciones sociales, y por ende de empobrecimiento del poder adquisitivo de los más vulnerables. ¡Mientras se estaba en la “champions leage” de la economía mundial, claro está!
Debemos recordar que, en el primer mandato del expresidente, con un mínimo histórico de deuda pública del 35,70% del PIB en 2007, destacaron el famoso Plan E para obras públicas municipales y un generalizado cheque bebé de 2500 euros por nacimiento o adopción, que así planteado tenía muy poco de “ni de progresividad, ni de progresista”.
Así, hasta que llegamos al fatídico 2010 y el primer ministro español decidiera ser el brazo ejecutor de “los hombres de negro”, sin plantear ningún tipo de alternativa desde otras consideraciones políticas. Y España, se convertiría en Españistan. La mayor de las ignominias consistirá en la modificación de nuestro artículo 135 de la Constitución Española fruto de una “gran coalición” conformada por PSOE y Partido Popular que, en una decisión sin precedentes, blindarían la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública del Estado por encima de cualquier otro tipo de gasto en los Presupuestos Generales.
Fuimos testigos de “la congelación” de las pensiones por primera vez en España. Por cierto… en el discurso público se considera congelar cuando no se sube un céntimo; pero eso sería “hipercongelar”, pues en realidad “se congela” cuando se iguala al IPC. Y se abordaría igualmente una reducción de un 5% de media en el salario de los empleados públicos, incumpliéndose así el acuerdo salarial con los representantes de los trabajadores firmado escasos meses antes.
Pero lo peor estaría por llegar. Recordemos algunas de las más flagrantes medidas de índole laboral adoptadas desde el gobierno Zapatero. Todo ello, en un proceso de reformas que comenzaría en 2010, y que en idéntica sintonía culminará el posterior gobierno de Mariano Rajoy con la reforma laboral de 2012. Destacamos los aspectos más significativos.
El Real Decreto-Ley 10/2010, y la posterior Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, vendría a incidir en la desregulación-precarización del marco normativo del trabajo en España. Flexibilidad a la entrada de la relación laboral. Si no, que alguien explique el verdadero motivo para convertir la intermediación laboral en un negocio. Pues, fue todo un regalo para las grandes compañías de recursos humanos el permitir el “ánimo de lucro” en las Agencias de Colocación, así como la eliminación de importantes restricciones a las Empresas de Trabajo Temporal. Se abriría con ello el paso para lo que denominamos “el proxenetismo laboral” sin límites.
Flexibilidad a la salida de la relación laboral, consistente en que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas con una indemnización ridícula de 20 días por año trabajado, no sólo cuando aquellas tuvieran pérdidas, sino ante la previsión de tenerlas o después de un par de trimestres con caídas en sus ingresos. Igualmente se abarataría el despido improcedente, rebajando su indemnización de 45 a 33 días por año trabajado. El argumento siempre fue falaz, y se demostraría con el tiempo: “si se disminuye la indemnización por despido improcedente en un contrato indefinido, se hará más atractivo el uso de esta modalidad por parte de las empresas, y de este modo se reduciría la temporalidad”. Algo que jamás ocurriría.
Y flexibilidad en el transcurso de las propias relaciones de trabajo, principalmente a través del aumento de las posibilidades empresariales para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como en casos de movilidad funcional y geográfica; y principalmente abriendo paso al descuelgue salarial, es decir, a la inaplicación temporal del régimen salarial previsto en los convenios colectivos.
Si alguien piensa que alguna medida por sí sola pueda tener algún sentido o razonable justificación, le encomiendo desde el pensamiento crítico a reflexionar sobre todas ellas a la vez. Seguimos.
Con todo, lo más grave fue la incorporación de una Disposición adicional décima, referida a un fondo de capitalización. ¿Recuerdan a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos y su famosa “mochila austriaca”? Pues a pesar de lo que algunos piensan, no fue un invento suyo. Ya José Luis Rodríguez Zapatero lo había articulado. ¡Y aprobado! En abril de 2010 parecía que había inventado “el elixir de la eterna juventud”, al anunciar una fórmula para amortizar puestos de trabajo, facilitando la reestructuración empresarial (eufemismos de despidos) y tratando de mantener la protección económica del trabajador: “reducir costes laborales sin tocar derechos”.
Esa DA 10ª de la reforma laboral de 2010, y reafirmada un año más tarde con el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, planteaba un proyecto de ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar.
Las cantidades acumuladas en este fondo se abonarían en supuestos de movilidad geográfica, para actividades de formación o en la jubilación. Y fundamentalmente para el despido (que es para lo que se crea). Es decir, que se usará dicho fondo para las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido. Algo que, como indica la norma, no debe significar “incremento de las cotizaciones empresariales”, así que o pagamos las indemnizaciones entre todos con recursos públicos, o tú mismo… vas aportando para pagarte tu propio despido, cuando tu empleador lo crea oportuno.
¡Buen invento el de Zapatero: reducimos costes laborales sin tocar derechos! ¡Claro! Si no fuera porque la propia comisión de expertos vería inviable económica y técnicamente implementar un mecanismo de estas características que o bien “socializa los despidos”, o bien te lo “autofinancias en diferido”. Y sin olvidar que el coste del despido improcedente tiene principalmente un efecto disuasorio y como garantía para el cumplimiento del resto de los derechos laborales tan básicos como jornada, descansos o la prevención de riesgos. Es muy sencillo de entender que no hay ninguna capacidad de hacer valer un mínimo derecho en el trabajo, si en un contexto de amplio desempleo, espiral desreguladora y precariedad, nos enfrentamos a “la espada de Damocles” del despido libre y gratuito. ¡Bueno, gratuito para la empresa, en este caso!
Y esa podría haber sido la antesala del tan anhelado por las fuerzas más liberales y conservadoras, “contrato único” de trabajo. Ese es el gran legado laboral del expresidente, pues debemos recordar (aunque quizás mejor dejarlo en el olvido) que esta norma sobre el “fondo de capitalización” sigue en vigor a la espera de que el gobierno de turno reglamentariamente lo vuelva a sacar a escena.
¿Y en materia de negociación colectiva?
Con la última de las legislaturas del PSOE de Rodríguez Zapatero, y al margen de las posibilidades ya comentadas de inaplicación del régimen salarial pactado en los convenios sectoriales, se introdujeron dos modificaciones que trastocaban nuestro mecanismo de negociación colectiva, y me atrevería a decir, que con calado suficiente como para alterar el propio sistema de relaciones laborales. Nos referimos a la “ultraactividad” y la “prioridad aplicativa” del convenio de empresa. Asuntos en los que se profundizaría con el siguiente gobierno de Mariano Rajoy, en su reforma de 2012.
La ultraactividad consiste un mecanismo por el cual, las clausulas de un convenio colectivo que finaliza su vigencia, se mantienen en vigor hasta se aprueba el siguiente. El objetivo es evitar vacíos de regulación entre un convenio y el otro. Con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, se pone punto y final a la ultraactividad ilimitada, abriéndose la veda para que, en la posterior reforma de 2012, las cláusulas del convenio que está por finalizar se limitaran a un año. De este modo, es fácil colegir que la parte patronal de la negociación no iba a contar con motivación alguna –sino todo lo contrario- para llegar a un acuerdo; trasladándose la presión al bando social para acordar “el mal menor” frente al peor de los escenarios con el vacío regulatorio.
Por otra parte, con esta modificación en el ocaso de su mandato, Rodríguez Zapatero propiciaría uno de los retrocesos más significativos de nuestro sistema de relaciones laborales con “la prioridad aplicativa del convenio de empresa”. Significaría que a partir de aquí (y reforzado en 2012) un posterior convenio de empresa podría empeorar las condiciones de trabajo de un convenio sectorial en vigor. Una década que hemos estado con un indecente cambio en la correlación de fuerzas –en beneficio patronal, claro está- a la hora de la negociación en materia salarial o de jornada. Y un jarro de agua fría para los sectores laborales más vulnerables como se vería con la proliferación de empresas multiservicios y el deterioro de condiciones de trabajo de sectores como el de las camareras de piso, teleoperadoras o reponedores de las grandes superficies, por citar ejemplos significativos.
El gran “palo a las pensiones”
Un insólito acuerdo social en 2011 daría lugar a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Significó que la edad legal de jubilación se retrasara de los 65 a los 67 años. Siendo éste un cambio sustancial y probablemente el “más mediático” de la reforma, lo más trascendental según nuestro parecer, sería en relación a la base reguladora para el cálculo de las pensiones, ampliándose el período de cómputo desde los 15 establecidos previamente, a los últimos 25 años cotizados. Es muy simple. En la más corta de las previsiones (véase informe del Banco de España), el importe de las pensiones disminuye una media de un 5%. Y, por último, pero no menos relevante, se amplió el número de años exigidos para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, pasando de forma paulatina de 35 a 37 años cotizados.
La huida de la laboralidad con las prácticas no laborales
Es cierto que el nivel de desempleo en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria era muy alto. Según la EPA, durante el segundo trimestre de 2011 el desempleo en España era del 20,46%, y entre los jóvenes (20-24 años) la cifra de paro llegaba al escandaloso 42,17%; un mercado de trabajo enormemente flexible, precario y con una temporalidad que triplicaba los guarismos europeos.
Pero eso no es ninguna excusa para inventarse la legalización de una ilegalidad. Con el Congreso de los Diputados y Senado ya disueltos en septiembre de 2011, y convocadas elecciones generales, el Gobierno Zapatero “en funciones” no tuvo otra ocurrencia que aprobar el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Por ser sintéticos, consiste en que previa formalización de Convenio con los Servicios Públicos de Empleo, la empresa podría incorporar en su plantilla a un titulado o titulada universitaria, de Formación Profesional o poseedores de un certificado de profesionalidad a trabajar, ¡claro está! Aunque lo vamos a denominar “prácticas”. La persona ya está egresada y terminó su formación, por lo tanto, aquí no hay proceso formativo que valga y la Academia nada tiene que ver en ello. Es tan fácil como hacer una trampa semántica utilizando el término “práctica” como eufemismo de “trabajo”. Le adjudicamos a un jefe que vamos a denominamos “tutor”. Nada más.
Y de este modo, puede contar hasta nueve meses con un profesional a jornada completa, y a un coste que no es ni tan siquiera del Salario Mínimo Interprofesional. Es toda una “pirueta” por encima de los contratos de trabajo formativos. Aquí la referencia es el denominado IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), pero tampoco es esa la cuantía mínima establecida para abonar “la práctica del practicante”, pues “las personas jóvenes participantes” (eufemismo de persona trabajadora) recibirán de la empresa “una beca de apoyo” (eufemismo de salario) cuya cuantía será como mínimo, del 80% del IPREM mensual vigente. Es decir, en esos momentos unos 480€. ¡Toda una fortuna!
Más de quince años de existencia de una figura paralaboral de estas características nos resulta de un enorme cinismo por parte de una sociedad que trata de este modo a su juventud egresada. No es de justicia con toda una generación, y sobre todo porque se trata de una hipócrita huida del derecho del trabajo sin más. Es como la legalización de una ilegalidad flagrante, que nos resultaría escandaloso para con una población “adulta”.
Es toda una patraña exculpatoria usar el argumento del paro juvenil para justificar semejante atentado contra los derechos laborales más básicos, pero si en los últimos tiempos ya nos situamos con un nivel de desempleo general en torno al 10%, la continuidad de este instrumento paralaboral, resulta a todas luces insoportable. La vigencia de las “prácticas no laborales para titulados” sin lugar a dudas, no es coherente con la dinámica de reformas y cambio de paradigma de nuestras relaciones laborales emprendida desde el inicio de la legislatura 2019-23.
¡Y nos queda la guinda!
En noviembre de 2011, durante el último Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya celebradas y perdidas las elecciones generales para el partido en el gobierno, indultará al Consejero Delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado a 3 meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad. Indulto que contó con un informe negativo del Tribunal Supremo, que ya en 2013 anularía parcialmente. Y casualidades de la vida… pues resulta que ese indulto iría también en favor del por aquel entonces director de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama, hermano del juez de la Audiencia Nacional que ahora le imputa.
Pero como señalábamos al principio, éste no es asunto que nos ocupe. Pretendíamos aquí repasar el “legado económico-laboral” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que en la medida que usted lo crea oportuno, considere en qué lado de la balanza ideológica lo pondríamos. ¿Referente de la izquierda?
Francisco J. Barba Ramos.