¿Y si no existiera el Ministerio de Seguridad Social?

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Tranquilidad queridos lectores y lectoras. No pretendemos realizar ninguna apología de la supresión de nuestro sistema público de Seguridad Social, que todavía tiene mucho que dar de sí. Y ni mucho menos me van a encontrar en un bando ultraliberal de un hipotético Estado que se inhibiera en los asuntos de la producción.

La existencia de una “administración laboral” queda fuera de toda duda en base a nuestro marco constitucional y específicamente tras la ratificación por España en 1982 del Convenio nº 150 OIT sobre “administración del trabajo” de 1978.

La asunción del concepto de Estado Social se produce en la medida que hay un determinado posicionamiento “socialdemócrata” de intervención pública en la economía y las relaciones laborales; y por lo tanto nos sirve también como reflexión sobre ciertos cantos de sirena que demagógicamente promueven un adelgazamiento de la administración, no tanto basado en argumentaciones de eficiencia, sino en una paulatina retirada del Estado en su función tuitiva.

La separación de “trabajo” y “seguridad social”

Sentadas estas bases, podrán compartir conmigo que casi dos años después de la configuración del gobierno de España, es momento de hacer alguna apreciación sobre su principal novedad organizativa y que ha pasado desapercibida en el debate público. En un primer momento no escuché o leí ninguna explicación razonable a la separación en dos ministerios distintos de las funciones tradicionales del “trabajo” y la “seguridad social”.

Los motivos eran puramente de orden político para que la parte minoritaria del gobierno (Unidas Podemos) no gestionara todo lo que tradicionalmente se hacía desde la administración laboral. A mitad de legislatura, las justificaciones serían exactamente las mismas. Y sobre el interés para el administrado, pues ¡nada de nada!

El anterior “Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social” (que también incluía competencias sobre Economía Social), se ha desgajado en dos: el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por una parte. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por otra.

Antecedentes

La existencia de un aparato administrativo se remonta a la Comisión de Reformas Sociales de 1883 y el posterior Instituto de Reformas Sociales de 1903, no siendo hasta 1920 bajo el gobierno de Eduardo Dato, cuando aparece por primera vez el Ministerio de Trabajo de España tal y como hoy lo conocemos. Desde entonces, la administración del trabajo forma parte de nuestro ecosistema político-social, ya sea en la Restauración borbónica, la Segunda República, en la Dictadura franquista y como no, tras la transición democrática hasta nuestros días.

Adviértase la diferencia en su denominación y las materias colaterales que han venido colgando de la “administración del trabajo”.

Salvo en el inicio del golpe (1936-1939) cuando perversamente se autocalificaba como Ministerio de Acción y Organización Sindical, el Ministerio ha venido denominándose siempre como de “Trabajo” ya sea en solitario o con algunos otros asuntos como “previsión”, “sanidad”, “justicia”, “agricultura”, “asistencia o asuntos sociales”, o ya en etapas más recientes y atendiendo a las nuevas realidades y problemáticas de nuestro mundo globalizado, incluyendo de manera expresa el asunto de la “inmigración” o las “migraciones”.

Más recientemente, llegó a cambiarse el nombre de trabajo, por la denominación de Ministerio de empleo (diciembre 2011 a junio 2018), para configurarse en la legislatura anterior como Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, materia esta última que ha venido formando parte tradicionalmente del Ministerio de Trabajo salvo en la etapa 1977-1981 que formaba parte del Ministerio de Sanidad.

Desgarro anti-natura

En el análisis material del contenido de la “administración del trabajo” hay algunos aspectos que se han ido desgajando de esta unidad administrativa, tales como la formación profesional, la igualdad o determinados aspectos inmersos en aquello que se denominaba “Asistencia Social” o incluso lo que ya en época reciente conocemos como «la dependencia».

Pero no nos podíamos imaginar que a estas alturas de consolidación de las estructuras democráticas postfranquistas, se produjera este desgarro anti-natura. No tiene sentido. No hemos sido capaces de captar ventaja alguna, y sí bastantes disfunciones en estos dos años; principalmente por la necesidad de una dirección coherente de todas estas materias en momentos convulsos. Y por “optimizar el tiempo” de los agentes sociales que tienen que interactuar con ambos ministerios.

Así que, puestos a derogar, pensamos más bien que es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el que nos está sobrando. Y no es para menos. Porque “su titular”, el Sr. Escrivá, tiene últimamente unas ocurrencias que podríamos calificarlas como de “autodestructivas”.

Primero, lanza la ocurrencia de la “necesidad de un cambio cultural para trabajar hasta los 75 años”; un “globo sonda” tan estrambótico que no merece muchas más apreciaciones. Pero hay algo que quizás nos deba preocupar más. Se trata de su reciente idea de aumentar el cómputo de los últimos años trabajados para el cálculo de nuestra futura pensión de jubilación. Pasar de 25 a 35 años significará una disminución generalizada de la misma, cambiando las reglas a mitad del partido.

Respondiendo a la pregunta inicial

En la actual coyuntura, una eventual “desaparición” o por ser más precisos, un regreso de las competencias del actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a su sitio natural en la cartera encargada de “Trabajo y Economía Social”, nos ahorraría enormes contradicciones y haría un gran favor a la mayoría.

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