Con las bombas que tiran los fanfarrones… una radiografía del conflicto del metal en Cádiz

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Uno de los ejércitos más emblemáticos de la historia sufrió aquí una sonada derrota. Las tropas napoleónicas no consiguieron entrar en Cádiz tras dos años de asedio y resistencia de la población. De hecho y a raíz de todo ello, en esta tierra se llegaron a reunir las Cortes Constituyentes que dieron lugar a la primera Constitución Española de 1812.

Como no puede ser de otro modo, en unos tiempos en los que –para estupefacción de los más jovencitos- como no había youtubers ni se había inventado todavía tick tock, las cosas por aquí había que contarlas cantando por alegrías. Y de esa forma ha permanecido en el imaginario esta copla popular que relata en tono socarrón cómo la invasión externa no pudo con los gaditanos y gaditanas.

Algo tiene que haber en la memoria colectiva de este rincón de Europa para que un “simple” convenio de sector provincial llegue a tener tal repercusión y genere tanto revuelo. Aunque como expondré al final de este relato, tengo la intuición que la carga simbólica del conflicto y su inminente resolución va a marcar la próxima dinámica de la negociación colectiva en nuestro Estado.

En España, los convenios colectivos “sectoriales provinciales” se cuentan por centenares, y regulan las condiciones de aproximadamente un 75% de los trabajadores y trabajadoras. El conflicto desatado en Cádiz se produce a raíz del proceso negociador de uno de esos convenios, en este caso del sector del metal, y dando lugar a la convocatoria de una huelga legal y legítima de esas que llamamos “novatorias” (en el proceso de negociación). En principio, una cuestión local.

¿Y por qué tanto revuelo en este caso?

La respuesta fácil sería pensar que “los fanfarrones” han subestimado el poder gaditano (que también). Pero quizás es que a ello se haya sumado una serie de factores como el particular sector de actividad del que hablamos  que afecta a 30.000 trabajadores y los históricos conflictos industriales en la Bahía de Cádiz.

Junto a otras circunstancias que los protagonistas conocerán, me atrevo a incorporar a esta disquisición poliédrica el propio momento de “pandemia”, los indicadores macroeconómicos y la no renovación de la dinámica de negociación colectiva de sindicatos y patronal en España. Trato de explicarme empezando por esta última cuestión.

Desde 2001 y salvo algún año en blanco por la crisis económica de 2008, la negociación colectiva ha venido estando ordenada por acuerdos interconfederales entre sindicatos (CC.OO. /UGT) y patronal (CEOE – CEPYME) a nivel estatal. Acuerdos en principio anuales que se iban renovando y en los últimos tiempos por periodos de tres años.

Así, se venían marcando criterios generales (a aplicar en cada convenio) de subidas salariales que en términos generales podemos decir que tenían en cuenta “la inflación prevista por el gobierno” (sistemáticamente 2%) y con aplicación de cláusulas de garantía salarial para posibles desfases con la inflación resultante a final de año. La crisis económica y los años posteriores a 2010 incorporarían otros criterios de subidas salariales vinculadas a la evolución económica general (PIB) y la propia productividad.

La recuperación económica de los últimos años va marcando un razonable ritmo de mayores subidas tras muchos años de moderación salarial generalizada. Pero los astros se alinean: finaliza la vigencia del último acuerdo interconfederal en 2020 y no hay renovación del mismo, contando ya con 2021 como año en blanco y sin visos de acuerdo a corto plazo.

A decir verdad, en plena pandemia la renovación de ese acuerdo para 2021 no parecía una cuestión prioritaria para las partes. La crisis del COVID propiciaba una llamada a la unidad y a aparcar las respectivas reivindicaciones para otro momento. Bastante teníamos con el diseño del escudo social, el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo a través de los ERTE especiales. Una gran cantidad de acuerdos auspiciados por la unidad ante la desgracia.

Pero superada esa fase inicial, lo cierto es que la actividad en general no se resiente tanto como en principio cabía esperar. Es más, la reacción keynesiana con importantes inyecciones públicas está haciendo aumentar la demanda en sectores como la construcción y en algunos casos del sector industrial. Hasta el punto que la oferta no está siendo capaz de absorber la fuerte demanda; asistiendo a fenómenos nuevos como aquello que algunos denominan “la crisis de los materiales”.

¿Y cómo nos enfrentamos a la negociación de un convenio para el próximo ejercicio sin el paraguas del acuerdo interconfederal y si el COVID ya no puede ser excusa para el recorte salarial?. Para completar el cuadro, aparece otro “cisne negro”, la inflación; que algunos pronostican como un hecho puntual, motivada principalmente por el aumento del precio en los recursos energéticos y que tenderá a su reducción.

Pues bien, si todas estas circunstancias las ponemos en una coctelera y la agitamos justo cuando toca negociar el convenio del metal en Cádiz, nos encontramos con la respuesta de los trabajadores de la no conformidad con subidas que en definitiva tiendan a disminuir su poder adquisitivo. Porque el IPC interanual en el mes de octubre está en cifras del 5,4% y una subida que se ofrece del 2%.

En el momento en que estamos cerrando este artículo, parece cercana una posible resolución del conflicto, en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. ¿Podríamos retornar a las soluciones de antaño consistentes en pagar una subida equivalente a la inflación prevista, pero incorporando cláusulas de garantía salarial que compensaran el más que seguro desvío?

De acuerdo, pero veremos si no se hacen trampas.

Trampa nº 1. Si la inflación de 2021 finaliza entorno al 4-5%. Y partimos de la idea de una subida para 2022 según la “inflación prevista” o algo similar al 2%, ¿qué ocurriría con el poder adquisitivo perdido este año?

Trampa nº 2. El abono de la cláusula de garantía salarial; es decir, de lo dejado de percibir a final de año tras el desvío del IPC, que me explique alguien cómo lo cobra aquel que ya no está en la empresa porque trabajaba con contratos temporales. O sencillamente se ha ido. Si ya no es trabajador, si ya no hay relación laboral, ya no hay nada que pagar. Se queda “a dos velas”. Pues imaginen si ese pago único se produce –como pretende la patronal- al final de la vigencia del convenio de tres o cuatro años, y que ahora veremos.

Trampa nº 3. Si aplicamos esa subida de lo dejado de percibir de esa manera que se plantea con un pago puntual, estamos refiriéndonos a una especie de “paga extra” y en definitiva serían salarios que no se consolidan en las tablas salariales, de cara a sucesivas revisiones del convenio en próximos ejercicios.

Y la trampa extra. El tiempo de vigencia de un convenio normalmente suele ser de uno o dos años, salvo que estemos en tiempos de estabilidad económica. Que no es el caso. En momentos convulsos suele haber preferencia de las partes por convenios de corta duración. A no ser que una de ellas –en este caso la patronal- se viera con la fuerza suficiente como para alcanzar un pacto muy satisfactorio a sus intereses. Parece “que no ha colado”.

¿Saben qué ocurre? Que como decía anteriormente, me da la sensación, que aunque se trate de un conflicto puntual con ocasión de un “simple” convenio sectorial provincial (sin menoscabo de la importancia vital para los sujetos que están en su ámbito de aplicación), ha llegado justo en un momento que quizás sea un ensayo para la negociación del resto de convenios colectivos sectoriales, a falta de acuerdos interconfederales. Que bien estaría que lo intentaran. En muy breve lo veremos.

Por apuntar una última explicación al gran apoyo recibido a esta huelga. Quizás aquella resistencia de 1812 está más impregnada en el imaginario colectivo de lo que nos imaginamos. Y como a todos nos gusta apuntarnos al bando ganador… pues eso.

Y ya saben lo que ocurre. Que con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones.

 

 

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