Interés general vs. beneficio empresarial

Ubíquese en una de nuestras kilométricas playas de la Costa de la Luz con esas bajamares que confunden la tierra y el mar. Verano. Cierre los ojos y deje volar su imaginación. Aunque sea por un instante…

La fantasía no tiene límites, pero casi seguro que acertamos con una estampa de calma, relax y mentes despreocupadas mientras se juguetea en la orilla con la tierra mojada, un baño reparador con el bamboleo de ondas grandes y suaves, o simplemente al sol. Vuelva a cerrar los ojos y casi que siente la música de las olas…

O quizás no. El ruido desagradable de un par de motos de agua se interpone a “su momento”. Como si las tuviera encima, porque esta bendita brisa proviene precisamente del Atlántico. Y de pronto… otra más, que ya el zumbido ha llegado a nuestras entrañas. La siguiente cita no es mía pero tan contundente que la he adoptado como propia, pues resulta que “para que uno haga negocio y cinco se diviertan, están fastidiando a diez mil personas”, por poner una cifra cualquiera. No tiene ningún sentido.

Hace algunos años en unas jornadas universitarias sobre las relaciones laborales en el sector turístico, un experto sociólogo alicantino (observador autorizado sin duda) nos indicaba que antes de acometer un proyecto turístico habría que preguntarse en qué beneficiaría a quienes ya habitan el lugar. A decir verdad, durante mucho tiempo teníamos el apremio emocional de los puestos de trabajo que se crearían en el proceso de construcción, más el empleo posterior de la hostelería. Que dificulta la mirada a más largo plazo.

Hoy en Baleares los hoteles y bares no encuentran camareros. Al margen de que los trabajadores, la gente, cualquiera de nosotros tiene derecho –si se puede- a elegir qué hacer con su vida, resulta que la rueda de la oferta y la demanda genera una situación imposible de sostener. La presión de la vivienda vacacional por parte de los propietarios, dispara el precio habitacional hasta el punto del “sinsentido”, pues la tradicional llegada estival de jóvenes peninsulares a poner copas a los turistas no se soporta cuando el precio de la pernocta con un mínimo de dignidad es casi superior al propio salario.

¡Es el mercado amigo! O quizás no… porque se le pide a “papá Estado” que deba resolver la ecuación del beneficio empresarial a cualquier coste. ¿Y no será que hay un exceso de oferta que termina por estallar? Hasta Joe Biden, presidente de Estados Unidos ha dado en la diana: “Pay them more”, “pagadles más”. Tal vez así se dimensione la diversión insular en su justa medida.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ¡quién los ha visto y quién los ve!, y en relación a la próxima campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva ha emitido un reciente comunicado con esta categórica proclama: “nuestros empresarios tienen derecho a tener garantías sobre la disponibilidad de mano de obra…”. Así las cosas, llegamos a comprender que en gran parte los beneficios empresariales dependan de esa disponibilidad de mano de obra y siempre que ésta se produzca en determinadas condiciones, pero esa exigencia dirigida a los poderes públicos como si de un derecho innato se tratase, no parece muy razonable ni acorde a una economía de mercado de lógica darwiniana.

Hay una primera disfunción que debemos tener en cuenta, pues el precio de las cosas, y en este caso el precio del trabajo (una vez superado el mínimo legal del Salario Mínimo Interprofesional) formaría parte del juego de la oferta y la demanda, primero a nivel colectivo a través de los convenios y en segundo lugar viéndose reflejada “esa negociación implícita” en el contrato individual de trabajo. Así, para que a la gente le resultara atractivo realizar un trabajo duro y estacional, esa lógica nos llevaría al aumento del coste del trabajo, del salario.

Si en vez de ello, actuamos para traer trabajadores de donde sea, no me negarán que se está produciendo una intervención ad-hoc en el sacrosanto libre mercado, pues se infla de este modo el ejército de reserva hasta el punto del “bronce de los salarios” para que de este modo el negocio pueda resultar rentable o con la rentabilidad deseada.

Volvamos a la lógica del interés general, incluso aceptando la necesidad de acudir de manera razonable a la contratación en origen hasta en Honduras, pues es cierto que la necesidad de mano de obra es masiva en poco margen temporal, y en cualquier caso tampoco le resuelve el sustento semestral a la población local. De acuerdo, pero es posible que estemos igualmente ante una inflación de la oferta –como en Ibiza con la hostelería- en exclusivo beneficio de unos pocos.

Aceptemos entonces cuanto menos que no es de interés general, puesto que no beneficia en nada a quienes ya viven aquí, que se aumente un modelo de negocio que es extensivo, que nos llena de plásticos y que genera problemas de abastecimiento de agua y del uso de productos fitosanitarios. Pensemos no tanto en la cantidad y el aumento de la superficie de cultivo y sí en la calidad, la sostenibilidad del sector, la innovación y la mejora de las condiciones de trabajo y vida de quienes ya están aquí, sean o no de aquí.

¿Es de interés general inflar la oferta hasta lo insoportable? ¿Debe garantizarse la disponibilidad de mano de obra? ¿Y los beneficios? Llegados hasta este punto, cuando en una economía de mercado -que nos guste o no, está reconocida en la propia Constitución-  se produce una intervención o manipulación, lo que resulta inaudito es que ésta sea en interés particular en vez del general.  Hacer negocio no es un derecho supremo o inalienable.

Lo dice nuestra Carta Magna. Lean por favor con todo el boato que merece; con suntuosidad, esplendor y magnificencia el artículo 128.1 de la Constitución Española:

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.