Si hay un generalizado consenso sobre el valor que en sí mismo supone el Diálogo Social como procedimiento para la elaboración y gestión de las políticas laborales, habría que ponderar en su justa medida el tesón de los actuales responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social; su obstinación en la aplicación de un sistema de gobernanza más próximo a los criterios de una democracia participativa.
Y vaya por delante, que hay quienes se empeñan en un relato donde precisamente se visualice todo lo contrario: la pos verdad. Vayamos a cierta reflexión basándonos en el análisis crítico y más de un dato al respecto.
Como resulta razonable que, en principio esto es “cosa de tres” (que hasta en ello encontramos sus matices), incluiremos en nuestra particular “adulación sociolaboral” a los propios agentes sociales; a sindicatos y patronal que –cierto es- encontrarán motivaciones de diversa índole para ser partícipes de esta tipología de “capitalismo organizado”.
Y es que las diferentes expresiones del neocorporativismo están “a flor de piel” como si se tratase de sentimientos inminentes, evidentes, inmediatos e inevitables. Como ocurre con el aluvión de escenarios en el que los agentes sociales se están viendo envueltos en las últimas fechas. Quizás es que no le quede más remedio al poder político, pero lo cierto es que no hay motivos para la queja por parte de los agentes sociales sobre su “permanente interlocución”. Y eso a pesar de la desafección y la eterna crisis de representatividad.
Haciendo ese breve repaso a las expresiones más recientes de diálogo en términos generales o incluso de “legislación negociada”, destaca cómo bajo la batuta del Secretario de Estado de Trabajo, acaba de constituirse una mesa de diálogo social relativa a la modificación del despido improcedente. No es éste el espacio para su análisis exhaustivo, pero baste con señalar que se trata de la necesidad de una modificación legal en España para atender a los requerimientos del Comité Europeo de Derechos Sociales para adecuar nuestra legislación a la Carta Social Europea. De forma paralela, la Ministra lanzó la necesidad de actualizar los permisos legales en caso de fallecimiento de familiar y cuidados paliativos, que igualmente se ha remitido a los agentes sociales para su debate.
Los analistas no damos abasto en esta semana otoñal, pues la rácana propuesta inicial del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones relativa a las cotizaciones de los trabajadores autónomos, acaba de culminar con una rectificación y un mayor acercamiento con algunas de las organizaciones de autónomos, UPTA, UATAE y ATA. Lo que nos interesa aquí, es destacar cómo a la lógica neocorporativista, junto a sindicatos y asociaciones empresariales propiamente dichas, se incorporan igualmente otras organizaciones que no pertenecen específicamente a las “contrapartes sociales”. Incluso se debe tener en cuenta que algunas de ellas están orgánicamente incluidas en la patronal CEOE (caso de ATA) y del sindicato UGT (UPTA).
Pero al margen de estas ilustraciones de rabiosa actualidad, lo cierto es que la dinámica del diálogo social tiene algo de estructural en nuestro sistema de relaciones laborales; mayor en ciertas coyunturas que en otras, pero formando parte inherente del mismo sistema. Entrando en el terreno de las motivaciones, es obvio que el interés por esa “participación más o menos institucionalizada” va a diferir para cada uno de los actores.
Desde la perspectiva gubernamental, la ausencia de una clara mayoría parlamentaria afín a sus propuestas, les insta a buscar ese “plus de legitimidad” con los agentes sociales, que les otorgue mayor credibilidad de cara a la opinión pública y a sus potenciales “socios de investidura”, sin incluir en la ecuación a la oposición de las derechas españolas y españolistas, pues para ellas no hay acuerdo social que valga. Mientras que las organizaciones sindicales son sabedoras que difícilmente van a encontrar una posición gubernamental con posiciones más afines a sus propios planteamientos, por lo que no pierden la ocasión para apuntarse a esa agenda de las reformas negociadas.
Y en esta línea argumental y dada la circunstancias, se entenderá que la patronal CEOE va a tener una predisposición tendente a buscar un “mal menor” a sus intereses; un mal acuerdo en la mesa de diálogo social, era preferible en la anterior legislatura a una norma unilateral de origen gubernamental. Si es que se encuentra la mayoría parlamentaria, claro está. Porque aquí va a estar la clave para entender cómo es la correlación de fuerzas en cada momento y en qué posición nos encontramos cada uno en cada mesa de negociación.
¿Qué ha cambiado entre la XIV Legislatura (2019 – 2023) y la actual Legislatura (XV) inaugurada en agosto de 2023?
Ya tuvimos ocasión en otra entrada de este blog de realizar un balance laboral de la legislatura anterior, y el abrumador resultado pueden corroborarlo con calma. Estén de acuerdo o no con todo ese proceso de reformas, lo que es incuestionable es el carácter inédito de la situación, políticamente hablando. Un gobierno de coalición por primera vez en la etapa democrática post-franquismo, en el que fuerzas políticas que lo configuran se encuentran en minoría parlamentaria. Además, es la fuerza minoritaria –SUMAR- que a su vez es un conglomerado de partidos de izquierda, quien ostenta la cartera de Trabajo en ese gobierno, y por lo tanto la encargada de liderar las reformas legislativas.
En este escenario, es digno de destacar la enorme profusión normativa que, para colmo, se comienza a fraguar en el contexto “pandémico”. Por primera vez tras el marco jurídico-institucional surgido en la transición española, las reformas laborales operadas han ido en la línea de revertir las contrarreformas desreguladoras y de claro carácter liberal, que han venido flexibilizando nuestro marco de relaciones laborales. Pues bien, como colofón cabe decir que todo ello se produce en una dinámica de explícito diálogo social, donde la gran parte de las veces se culmina con el acuerdo social antes del refrendo parlamentario.
Y como decíamos, lo que diferencia esa etapa de enorme riqueza reformista con una actual de mayor rigidez, es la necesidad que ahora se necesita del voto de “Junts” (porque las derechas españolas están a lo suyo) para articular dicha mayoría. La situación más significativa se ha producido con la votación para iniciar el trámite de una posible reducción de la jornada laboral. En este caso, es de todos conocidos cómo el partido político “Junts” ha impedido el trámite parlamentario con su postura, al abrigo de la posición de la patronal catalana “Foment de Treball Nacional”, a su vez uno de los más insignes integrantes de la CEOE.
En este caso, ¿se puede decir que no ha existido diálogo social? En esta retórica, no lo podemos confundir con un consenso obligado. Sea como fuere, lo cierto es que el diálogo social es parte esencial de nuestra política laboral. Las prácticas neocorporativas como método, pero sin elevarlo a categoría absoluta por parte de quienes se encuentren en discrepancia con la mayoría, con la propuesta gubernamental o quienes no cuenten con el apoyo parlamentario correspondiente. Debe tenerse en cuenta que estamos en una democracia liberal con los mecanismos habituales de toma de decisiones.
Recordemos que está constitucionalizado ese modelo de gobernanza. Pero a su vez, esgrimir el diálogo social de una forma radical (es decir…que no se mueva nada si no es con acuerdo de todas las partes) es un argumento –en estos momentos- para quien desde posiciones conservadoras no tienen mayoría entre las posiciones de gobierno o en el Parlamento. Resulta paradójico que, ante una apariencia de radicalidad en el diálogo, lo que se escondan sean precisamente las posiciones más involucionistas.